13 observaciones se hicieron a los procedimientos auditados, de los cuales ocho fueron calificados de alta criticidad. El caso del conjunto Los Culenes de Lipimávida y las 10 mil viviendas sin recepción municipal son los ejemplos más evidentes de las anomalías
Diario El Centro | 14 de julio de 2014
TALCA.- Una vez asumida la nueva administración, mucho se habló sobre el contraste en las cifras del proceso de reconstrucción entre lo informado por el gobierno anterior y lo que efectivamente se logró. No obstante, más allá de los números, en la Región del Maule se optó por revisar los procedimientos llevados a cabo en el plan para recomponer la zona afectada por el terremoto y tsunami del 27 de febrero.
Fue así como desde el mes de abril, la Subsecretaría de Vivienda ordenó la ejecución de una auditoría interna para la revisión de los proyectos de llamados extraordinarios de los diferentes programas habitacionales para atender a los damnificados. Este trabajo lo llevó adelante personal de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda del Maule.
El informe evacuado el 10 de junio de 2014 arrojó como resultado que existió “un sistema insatisfactorio de control interno”. Esta conclusión es obtenida luego de verificar la falta de calificación técnica de los proyectos, falta de supervisión en la labor de inspección técnica, además de establecerse que los controles evaluados no son capaces de proporcionar una garantía razonable de la gestión efectuada.
En total, se identificaron 13 observaciones, de las cuales ocho se catalogaron de “criticidad alta”.
“Aquí hubo una fábrica de primeras piedras. Hay todavía más de dos mil familias que tienen su subsidio pero carecen de proyecto habitacional. La urgencia no podía traducirse en desprolijidad y nos hemos encontrado con un informe de auditoría al Serviu donde se detectaron falencias grandes”, señaló el seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda.
ANOMALÍAS DETECTADAS
La autoridad regional de Vivienda detalló que en el caso de Los Culenes, de Lipimávida, existe un acta de entrega de terreno con fecha 16 de febrero de 2013, en circunstancias que la calificación técnica para efectuar el proyecto recién se otorgó tres meses después (22 de mayo de 2013).
“En ese mismo proyecto, el Ministerio de Vivienda evacuó un informe sobre la calidad del suelo y se solicitó a la empresa que tenga en consideración ese estudio. No se incorporó y hoy tenemos el problema que ya es conocido”, dijo.
Agregó el caso de Quinta Gaete de Constitución, de 320 departamentos, cuyo conjunto habitacional se construyó en una zona con un acceso insuficiente.
“Hay un informe muy duro, que da cuenta de lo que no tenemos que hacer y que debemos mejorar los procesos administrativos. Eso parte por tener unidades especializadas y no vamos a aceptar más que se juegue con las familias. En términos políticos, la reconstrucción es un proceso y tenemos que avanzar en resolver esta herencia que nos deja al debe en términos de calidad y de rigurosidad. Además, los mismos que interpelaron a la ministra han guardado silencio por todos los problemas de reconstrucción en la región y nada han dicho de los problemas denunciados”, sentenció el seremi Sepúlveda.
SERVIU
El director regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Omar Gutiérrez, indicó que no existió una estructura formalizada dentro del plan de reconstrucción y careció de control, claves para la ejecución del mismo, además de la falta de evaluación respecto a la localización de los proyectos y que afectan su viabilidad.
La autoridad manifestó que esto se traduce en que en la actualidad hay 10 mil familias en la región cuyas viviendas no tienen la debida recepción municipal, dentro del programa de reconstrucción en sitio propio. A ello, se suman casi mil familias agrupadas en 17 proyectos críticos cuyos conjuntos habitacionales aún no se pueden entregar por deficiencias técnicas.
“Hay graves falencias en estos proyectos por falta de control interno, por improvisación y por el afán de lograr metas, números, sin considerar la calidad en el resultado ni la dignidad de las personas”, explicó.
Gutiérrez agregó que todo esto redunda en faltas de obras de seguridad, inexistencia en proyectos de los sistemas de evacuación de aguas lluvia, sistemas sanitarios que colapsan, desabastecimiento de agua potable, carencia de accesos y viviendas con bajos estándares de calidad.
Medidas adoptadas
El director regional del Serviu, Omar Gutiérrez, señaló que se han iniciado acciones administrativas para buscar las responsabilidades. Pero además dijo que se estableció un mejoramiento de los procesos de control para asegurar una política permanente de la calidad en todos los proyectos en que Serviu se involucra.
Junto con ello, dijo que se monitoreará diariamente los proyectos en curso y se incorporará tecnología de seguimiento digital para la inspección técnica de las obras. Sobre esto último, Gutiérrez señaló que dicha tecnología fue adquirida hace tres años en el Serviu pero nunca se utilizó.
Además, se elaborará un plan de gestión de riesgos debido a que el país está permanentemente expuesto a desastres de la naturaleza.
Respecto a los casos puntuales donde se han detectado problemas y la búsqueda de soluciones, el director del Serviu dijo que con los equipos jurídicos se está estudiando la ejecución de las garantías y en otros casos se solicitarán recursos adicionales.
