Diario El Centro | Periodista: Hernán Espinoza Jara | Fecha de Edición: 15-05-2013
Abogado recurrente estimó que la diligencia busca aclarar el uso distinto que se quiere dar a una propiedad para fines educacionales, mientras la defensa del municipio le restó importancia
SANTIAGO/TALCA.- A través del envío de una copia de un informe requerido por la Corte Suprema, el Consejo de Monumentos Nacionales pidió la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el bullado litigio por el futuro del edificio de las ex Escuelas Concentradas, ubicado en la Plaza Cienfuegos de Talca.
La diligencia consta en el documento que llegó al máximo tribunal chileno el lunes 13 de mayo, en el contexto de un recurso de protección entablado por los padres y apoderados de los colegios. Así una copia del informe fue derivado a Ximena Silva Abranetto, jefa de la Unidad de Medio Ambiente del CDE y representante de dicha institución ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
De hecho, el informe contiene el acta de la sesión del Consejo fechada el miércoles 10 de abril del presente año, donde se acordó -por 12 votos a favor y tres abstenciones- pronunciamiento a favor de declarar a las ex Concentradas como Monumento Histórico, solicitando al Ministerio de Educación que dicte el decreto oficial.
“NO PUEDE DEMOLER”
La decisión de que intervenga el CDE fue valorada positivamente por el abogado, Fernando Leal, quien representa a los padres y apoderados de los colegios. El jurista sostuvo que dicha decisión se relaciona -como lo indica el propio informe- con una norma que obliga al uso del terreno para fines exclusivamente educacionales.
“Cuando estas escuelas fueron transferidas desde el Fisco al municipio de Talca, se realizó en virtud de un decreto con fuerza de ley que establece que esos inmuebles no pueden ser utilizados sino para un objetivo educacional. Es decir, el alcalde no puede demoler y construir una cosa con un destino distinto”, indicó.
El abogado subrayó que enviar los antecedentes al CDE se debe a que “acá está comprometido el interés fiscal, porque son bienes traspasados con un fin educacional. Es decir, hacer un uso distinto implica desconocer el gravamen, por lo cual, incluso podría haber algún tipo penal, ya que la autoridad edilicia se habría excedido de sus facultades”.
OBJECIÓN PENDIENTE
Una opinión distinta manifestó el abogado, Francisco Pinochet, quien restó importancia al envío de copia de los antecedentes al CDE. “No tenemos opinión. Pueden mandarle copia a quien quieran. Nosotros impugnamos por escrito los actos administrativos del Consejo de Monumentos, lo cual está pendiente de tramitación”, indicó.
El jurista destacó que “el informe del Consejo refleja lo que fue acta de algún acuerdo. La parte que represento no está de acuerdo con las conclusiones, como tampoco con un informe supuestamente estructural que estarían acompañando a la Corte Suprema, donde se hacen apreciaciones que no se entienden bien”.
“Por una parte, señalan que el edifico está muy afectado y que requiere de inversiones especiales, y luego dicen que lo vieron desde afuera. En consecuencia, llama la atención que el Consejo esté basándose en informes que no contiene peritajes. ¡Cómo se van a fundar en informes que no contemplen una observación completa!”, afirmó.
