Radio Cooperativa | 22 de febrero de 2013
- Concejo Municipal había decretado esta solución en enero pasado.
- Defensores de los establecimientos calificaron como arbitraria la posición del municipio.
La Corte Suprema acogió un recurso de protección de los defensores de las Escuelas Concentradas de Talca y paralizó la demolición de los establecimientos, que había sido decretada por el Concejo Municipal.
El fallo judicial detuvo las obras destinadas a destruir la ex Escuela 15 de mujeres y la ex Escuela 3 de hombres, que con el tiempo se transformaron en mixtas.
Con el terremoto de 2010 ambos establecimientos sufrieron daños que obligaron a sus comunidades a trasladarse. En junio de 2011 con Concejo Municipal aprobó restaurarlas y el Mineduc asignó 4.000 millones de pesos para las obras. Sin embargo, en enero de 2013 el Concejo votó por la demolición, tras lo cual se presentó el recurso de protección.
Fernando Leal, abogado del Comité de Defensa de las Escuelas Concentradas, expuso que «hay un acto absolutamente arbitrario, porque existiendo los recursos aprobados por el Ministerio de Educación del orden de 4.000 millones de pesos, encontrándose en ejecución la obra y los estudios para reconstruir, nos parece arbitrario que el municipio se permita renunciar a esos recursos para sacar a las escuelas de ese lugar y llevarlos a otro que no conocemos cuál es«.
Para justificar la acción judicial, Gladys Núñez, presidenta del Comité de Defensa de la escuela Carlos Salinas Lagos, planteó que «apunta a que realmente las autoridades nos escuchen. Los argumentos que tenemos son mucho más válidos de lo que la Municipalidad nos plantea. Hubo mucha discusión de dónde se sacarían los dineros para reconstruir y se consiguieron y de repente a un señor se le ocurrió que no los necesita, los devuelve y hace lo que quiere«.
Roberto Jaque, secretario de centro de padres de la escuela José Manuel Balmaceda, agregó que «es un daño sicológico que se está causando. La pérdida de identidad de estos niños está en juego. Por eso se recurre a los tribunales. Es un acto arbitrario, sin fundamento y no podemos permitirlo».
Tras la resolución judicial, el alcalde Juan Castro (independiente por la Alianza) y el Concejo deben remitir en ocho días un informe de los pasos que se dieron para llegar a la orden de demolición.
Castro defendió la medida y explicó que «los concejales me pidieron poner en tabla este problema que se votó en 2011 producto de las presiones políticas. Hoy tenemos un nuevo Concejo, que está recién asumiendo y están mirando el bien común de la ciudad«.