Por Javiera Gómez
Hace pocos días salió la declaratoria de Monumento Histórico de las Escuelas, a partir del trabajo realizado por el Centro de Padres y Apoderados y gran parte de la ciudadanía. ¿Qué había detrás de esta solicitud de un grupo de ciudadanos? El ejercicio del derecho a participar de las decisiones respecto del territorio que habitamos.
Si revisamos la discusión al respecto, encontramos críticas a la declaratoria por la lentitud que implica en la reparación y razones técnicas para cambiar el uso del establecimiento.
El primer argumento se focaliza en una falencia de la normativa que rige el patrimonio, más allá de cuestionar la declaratoria o sus justificaciones. Frente a esto ¿debemos renunciar al patrimonio porque los procesos que implica son lentos? Creemos que no.
Lo segundo establece que el edificio no cuenta con los estándares necesarios para ser educacional y que debe ser un centro cultural. También se indica que su localización es perjudicial para las familias, ya que estas viven lejos de las Escuelas.
Lo primero limita lo patrimonial a la estructura del edificio. La identidad no solo se da por lo físico, sino también por el uso que la comunidad hace de los lugares. Así no se concibe el edificio sin su rol de educación pública, esto fue lo que la acción ciudadana defendió, más allá del edificio en sí mismo. Darle un uso distinto es no reconocer su valor patrimonial, entendiendo que es reparable y perfectible.
El tema localización demuestra desconocimiento de la comunidad escolar, la que valora el emplazamiento en el centro, cercanía a sus trabajos, buena locomoción, seguridad, etc.
La discusión pierde de vista lo inmaterial y el derecho a participar en decisiones públicas. Los criterios técnicos deben involucrarse, pero no a oídos sordos de la comunidad. La posibilidad de debatir hoy responde a la acción ciudadana que ha impedido la demolición, dejar de lado a la comunidad en este debate no solo parece injusto, sino contrario a la construcción democrática de ciudad.
