Diario El Centro | Periodista: Hernán Espinoza Jara | Fecha de Edición: 05-04-2013
TALCA.- Incautación de evidencias e interrogatorios a testigos está ejecutando la fiscal especializada en investigar delitos funcionarios, María Lorena González, en el contexto de la decisión del Concejo Municipal de Talca de trasladar las ex Escuelas Concentradas.
Se trata de la copia de una denuncia que fue realizada hace algunos días ante la Contraloría Regional del Maule por directivos de las asociaciones de padres y apoderados. La fiscal precisó que su investigación está caratulada bajo los posibles delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público.
“Se nos hace llegar copia para que investiguemos si estos hechos son constitutivos de algún delito. Una de las diligencias es que hemos pedido copia a la Corte de Talca de un recurso de protección, donde se habrían vertido hechos que se imputan al alcalde, básicamente ciertas falsedades en la información que se hiciera valer en la sesión del Concejo Municipal del cuatro de febrero”, indicó.
AUDIO Y ACTA
La fiscal explico que una segunda arista de la denuncia se refiere a “una presunta contratación directa a funcionarios que no se habría apegado a la ley orgánica de municipalidades. Nosotros estamos indagando documentos y prueba testimonial”.
“Tenemos gente citada para indagar si estos hechos podrían constituir un delito. Otra diligencia fue pedir copia de audio y video de la misma sesión del Concejo del cuatro de febrero, así como del acta que tuviera relación con las ex Concentradas”, indicó.
María Lorena González no descartó interrogar al alcalde de Talca, Juan Castro, así como al concejal PS, Hernán Astaburuaga, quienes entregaron informes por escrito a la Corte. También confirmó que las pesquisas fueron encargadas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Talca.