Francisco Letelier Troncoso, Sociólogo, ONG SURMAULE
Después de meses de reuniones y promesas que no se cumplieron, hace 3 días, Patricio Landskron, presidente de un comité de damnificados del 27F y de allegados y arrendatarios de diversas localidades del Maule, inició en la ciudad de Talca una huelga de hambre.
Patricio planteó 4 demandas. Uno, que el ministro y el subsecretario de vivienda firmaran, de una vez, la resolución que adjudica los 80 subsidios del comité Altos Cordillera. Dos, que SERVIU y la empresa constructora comprometan una fecha de inicio de obras. Tres, que se les otorguen subsidios de arriendo mientras sus viviendas son construidas y cuatro, que el ministro Pérez reciba a los miembros del Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa, organización a la que Patricio pertenece.
A simple vista alguien podría pensar que las demandas de Patricio no necesariamente justifican la más extrema de las medidas de presión que una persona pueda emprender. Otros argumentarán que existían medidas de presión intermedias, a las que era necesario echar mano antes de llegar a la huelga de hambre. Sin embargo, quienes hemos seguido un poco más de cerca las consecuencias del terremoto del 27 de Febrero y especialmente el tipo de respuesta que se ha dado desde el Estado, leemos la situación de manera distinta.
La acción de Patricio debe ser comprendida en dos niveles. En el primero, responde a una demanda concreta. Es la lucha por terminar con la incertidumbre de 80 familias en situación de gran precariedad y vulnerabilidad material y emocional y de por poner fin a un largo peregrinaje por las oficinas del SERVIU regional, en el cual han intentando conseguir infructuosamente fechas y compromisos claros. Estas 80 familias son reales, están en situación de allegamiento o arrendamiento precario hoy. Muchas están habitando en viviendas de emergencia y conviven con un sin fin de problemas cotidianos producto de su precaria situación.
El segundo nivel es simbólico. Detrás de Patricio, y de los damnificados del comité que representa, están miles de familias damnificadas por el terremoto del 27F que han permanecido completamente desamparadas. Recordemos que solo en Talca aproximadamente 1.000 familias siguen viviendo en viviendas de emergencia o en partes de una vivienda dañada y otras miles están de allegadas en casas de familiares. En Chile solo el 1% de los damnificados viven en aldeas y son solo esas familias las que han recibido un apoyo relativamente sistemático (pero insuficiente) del Estado durante estos dos años, para la inmensa mayoría de familias que han permanecido en sus terrenos, o como allegados en casas de amigos y familiares (y que están condiciones similares de precariedad), no ha existido ningún tipo de acompañamiento, menos un subsidio de arriendo. Se suman a esta desatención miles de familias a las que ni siquiera les fue reconocido su derecho a obtener un subsidio, ya sea por tener una segunda vivienda o por no ser propietario de la vivienda en la que vivía al momento del terremoto.
Por lo anterior es que la huelga de hambre de Patricio es a la vez que una demanda concreta, un enorme reclamo simbólico hacia un Estado que, en vez de ir en la búsqueda solidaria de quienes fueron damnificados por el terremoto, les ha rehuido, quizá, con la creencia de que mágicamente cada quién resolverá su problema; de que todos tienen un familiar o amigo al que pueden acudir, de que “los chilenos siempre se las arreglan de algún modo” o de que finalmente y como dice el refrán: a nadie le falta Dios. Mientras todo esto ocurre, recientemente nos enteramos que durante el año 2011 el Estado de Chile condonó a una conocida Multitienda $59.000 millones en multas e intereses por impuestos no pagados. Son estas diferencias en el trato que el Estado da a unos y otros lo que genera impaciencia e impotencia y hacen que al final del día, frente a medidas como las de Patricio, no nos quede otra cosa que comprender.
