Como parte de la «promoción popular» del Gobierno de Eduardo Frei Montalva, en 1968 se reconoció legalmente a las juntas de vecinos y organizaciones funcionales.
Por: Daniel Giacaman Zaror | Diario El Centro | 02 de septiembre de 2018
Corría el 7 de agosto de 1968 cuando fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 16.880 sobre Organizaciones Comunitarias, que había sido promulgada el 19 de julio de ese año por el Presidente Eduardo Frei Montalva.
Se trató de un hito dentro de la historia de Chile, ya que por primera vez se establecía la existencia jurídica de las juntas de vecinos OJW).
Asimismo, contemplaba a las di-versas organizaciones funcionales, como los centros de madres, centros de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organizaciones juveniles, organizaciones deportivas, grupos corales, cooperativas y otras similares que representaran y promovieran va-lores específicos de la comunidad vecinal.
Han pasado exactamente 50 años desde la promulgación de dicha iniciativa que promovió la articulación de las organizaciones comunitarias y la participación ciudadana, razón por la cual el sábado 25 de agosto se efectuó un encuentro nacional de dirigentes vecinales en el ex Congreso Nacional donde se conmemoró el aniversario de esta ley. El tema toca de cerca a la senadora Ximena Rincón. No sólo por pertenecer al mismo partido que Frei Montalva (Democracia Cristiana), sino que su padre, el abogado Ricardo Rincón Iglesias «quien falleció hace poco más de tres años» fue uno de los redactores del proyecto cuando ella estaba recién naciendo.
«Es un tremendo orgullo. Se me llenan los ojos de lágrimas de pensarlo». expresa la parlamentaria. La otrora intendenta metropolitana y ex ministra de Michelle Bachelet recuerda que «mi padre siempre nos hablaba de «promoción popular», que era uno de los grandes ejes articuladores del pro-grama de Eduardo Frei Montalva». «Desde chicos nos habló del cooperativismo, de las organizaciones sociales, de la ley de juntas de vecinos y, por lo tanto, para mí tiene un valor histórico, pero también de sentido de vida: de la importancia de que las organizaciones se formaran, que las personas trabajaran juntas y organizadas, que no tiene sentido que las personas estén cada una por su lado y que tú, acompañando al otro, trasciendes y logras mucho más», relata.
PROYECTO POLÍTICO
La antropóloga y docente de la Universidad Católica del Maulé (UCM), Verónica Tapia, explica que «la ley de juntas de vecinos de 1968 se contextualiza en la agenda política de la «Revolución en Libertad’ que abogaba por cambios sociales profundos, pero en contraposición a los movimientos revolucionarios. Dentro de este proyecto, un aspecto fundamental fue la llamada «promoción popular», que buscaba integrar a la población denominada como «marginal» a partir de fomentar su organización y de esa manera integrarlos a la vida política, concentrando reivindicaciones y de alguna manera controlando el potencial revolucionario de grandes sectores de la población».
«Sin embargo, el poder de organización de los vecinos y vecinas superó los marcos de la ley. Así, en el gobierno de la Unidad Popular la «promoción popular» fue reemplazada por la Consejería Nacional de Desarrollo Social y el ‘poblador’ fue considerado como un sujeto revolucionario primordial. Tanto es así que la dictadura tuvo como un relevante foco de represión justamente la organización vecinal, tanto de manera violenta como también fortaleciendo redes clientelares con los dirigentes vecinales, a través de la entrega de beneficios y regalías», agrega Tapia, quien es doctora y magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona.
El sociólogo Gonzalo Delamaza recalca que con la Ley N° 16.880 «se reconoce un sector social que no tenía expresión política efectiva. Son los miles de migrantes del campo a la ciudad que malvivían en las periferias y carecían de ser-vicios y derechos».
A su juicio, otro aspecto a destacar es que se valida «una forma organizativa propia, con derechos y atribuciones en la vida local y política» y «se conecta esa organización con una estructura de fomento desde el Estado: la ‘promoción popular’ con Frei y el ‘desarrollo social’ con Salvador Allende».
«Todo ello formaba parte de un proyecto político democratizador que también tuvo expresiones en el sector campesino. Ni pobladores ni campesinos habían sido parte de la política anterior en el campo institucional. Desde 1957 se venían manifestando en tomas de terreno, ahora se les daba un papel en la sociedad», concluye Delamaza.
En tanto, Verónica Tapia afirma que «la ley de juntas de vecinos de 1968, aunque criticada por favorecer relaciones clientelares y ser instrumentalizada por partidos políticos, es importante pues reconoce al barrio y/o unidad vecinal como una escala urbana primor-dial, por lo que hasta el día de hoy -y aunque modificada en dictadura y posteriormente en democracia- es el instrumento legal base para la acción del Estado a nivel local».
CAMBIOS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
No obstante, la realidad actual dista mucho de lo que fue la iniciativa promulgada por Frei Montalva. «Mientras el municipio se ha fortalecido, las JJVV se han fragmentado y se han vuelto clientelares.
Entremedio estuvieron intervenidas durante 17 años donde fueron utilizadas para la manipulación política. En 1989 fueron reformadas para permitir varias JJW en cada Unidad Vecinal, lo que les hizo perder poder. Luego se impugnó dos veces el intento de recuperar su rol, en nombre de la ‘libertad de elegir’, es decir, de la Constitución de 1980. Ahora son mayoritariamente una organización como cualquier otra, sin roles claros y con poca autonomía. No se logró converger con las organizaciones informales surgidas en los años 80, ni tampoco recuperar el rol después del 90», lamenta Delamaza. Filomena Díaz, dirigenta social e integrante de la Mesa de Trabajo del Territorio 5 de Talca, comenta que «lo que hicieron fue separarnos en muchas JJW Y la que tiene buena llegada con la autoridad del momento, logra puentes, sedes o luminarias, es decir, cosas chicas. Nos redujeron nuestras mentes a la nada misma, porque ya no tenemos que pensar los problemas grandes para la ciudad ni para Chile, tenemos que pensar sólo en cómo arreglar la luminaria para que no haya delincuentes».
Ximena Rincón es tajante. «Debiéramos ponemos en acción. Cincuenta años es más que suficiente. Ha habido nuevas leyes, pero son bastante tímidas en ese aspecto. Es necesario avanzar en esta materia, pero nos vamos a quedar cortos en los ámbitos en que se requiere patrocinio del Ejecutivo», analiza.
«Creo que fue una tremenda ley. Han cambiado los tiempos, hoy día hay cosas que hacer y tenemos que replanteamos, a la luz del siglo XXI. cuáles son los desafíos que tenemos», reconoce la senadora.
En ese sentido, durante el encuentro de dirigentes efectuado el 25 de agosto en el ex Congreso, se repartió a los asistentes el proyecto de reforma a la ley N° 19.418 que rige actualmente. La modificación busca «recuperar y dar un renovado impulso al valor originario de las juntas de vecinos como centro unitario representativo, integrador de la comunidad e interlocutor por definición ante el municipio y otras autoridades o servicios, y poner de relieve dimensiones esenciales como su autonomía, la promoción de la convivencia y su carácter de medio para hacer efectiva la participación territorial».
Uno de sus principales puntos establece que «cuando se haya constituido legalmente dos o más juntas de vecinos en el territorio de una misma unidad vecinal, estas deberán constituir entre sí una junta territorial para efectos de actuar mancomunadamente y representar al conjunto de habitantes de la respectiva unidad vecinal ante el alcalde y las demás autoridades».
MODELO DE ARTICULACIÓN VECINAL
«Un problema de las políticas tradicionales de escala barrial/vecinal es su encapsulamiento y aislamiento, es decir, actuar en los barrios como si estos fueran un pedazo de la ciudad, perfectamente delimitados y desconectados de lo que pasa en la región, el país e incluso el mundo», sostiene Verónica Tapia.
La antropóloga abordó este tema en su tesis doctoral. «Mi investigación justamente busca problematizar el concepto de barrio de estas políticas proponiendo el barrio como un proyecto colectivo en construcción, a definir, donde las acciones llevadas a cabo tienen un impacto a nivel local, pero también global. De ese modo, los problemas de un barrio, por ejemplo, contaminación, inseguridad, sitios eriazos, etcétera, que pudieran parecer muy particulares, se entienden en conexión con el modelo de ciudad neoliberal que hoy es dominante, pero esto no significa que seamos impotentes, por el contra-rio, se puede perfilar un proyecto alternativo desde los barrios y sus habitantes».
De hecho. Tapia es directora del proyecto FIC ‘Territorios Vecinales Innovadores» desarrollado por las Escuelas de Sociología y Trabajo Social de la UCM en conjunto con SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación, el cual busca generar un modelo de articulación vecinal que sea replicable en la región del Maulé.
La iniciativa, que es financiada por el Gobierno Regional, se basa en la experiencia de trabajo de las Mesas Territoriales de Las Américas, la Unidad Vecinal 46 y el Territorio 5 de Talca.
«Este proyecto problematiza y bus-ca poner en acción la organización vecinal, es decir, prioriza la escala del barrio como ámbito de acción. Esto es importante porque la escala vecinal es donde vivimos nuestra cotidianeidad y donde se pueden desarrollar acciones conjuntas en el día a día, ahí vivenciamos los problemas de nuestra ciudad y sociedad en carne propia y, por lo mismo, podemos desarrollar acciones, soluciones y alternativas», explica Tapia.
En tanto, el rector de la UCM, Diego Durán, comenta que «las Mesas Territoriales nos permitieron experimentar que es posible el vínculo entre la ciudadanía con orientación a la defensa y creación de espacios con los gobiernos regionales que fueron muy significativos». Asimismo, recalca que «a nosotros, como universidad, también nos permitió valorar la sabiduría territorial de los dirigentes y pobladores en mi-ras a la construcción y cuidado del espacio común».
