«Viendo la situación de nuestras ciudades tan segregadas e injustas, y el territorio tan desigual, surge una evidencia: los derechos humanos no se realizan en el aire o en el vacío…»
Por Ana Sugranyes (*)
El Ciudadano | 2 de marzo de 2021
La Ciudad es un espacio donde la democracia se construye y se disputa entre el Estado y la Ciudadanía. Un espacio cruzado de varias dimensiones: la más atrayente, la ciudad con su gente que nace, vive, habita, estudia, trabaja, goza, se encuentra, se moviliza, sufre, se aísla y muere – la Civitas de la ciudadanía; la dimensión más compleja y más dinámica – la Polis – donde se concentran, atomizan y cruzan ideas, utopías, poderes, intereses, mercados, conflictos e institucionalidades en permanente transformación; y la más palpable, la dura, la construida, con la masa de concreto y el entramado de la infraestructura, en el aire, encima y debajo del suelo – es la Urbs del urbanismo.
En Chile, 90% de la población vive en espacios urbanizados. Todas y todos quienes construimos esta ciudad, formamos parte de este enlace y enredo, y avanzamos despacio hacia el ideal del derecho a la ciudad, el espacio del buen vivir.
En este momento constituyente, esta maravillosa oportunidad que el pueblo de Chile conquistó, los derechos humanos deben ser el principal pilar de esta Carta Magna, a partir de la cual seguiremos luchando para cambiar leyes y normativas, y para realizar políticas públicas que respondan a las demandas sociales.
Viendo la situación de nuestras ciudades tan segregadas e injustas, y el territorio tan desigual, surge una evidencia: los derechos humanos no se realizan en el aire o en el vacío; se realizan ahí donde las personas habitan, trabajan y se mueven, o sea en espacios específicos.
Los derechos humanos – todos, porque son indivisibles – se realizan en el ámbito de la ciudad, donde habitan los sujetos de estos derechos, sea el caserío, el pueblo, el barrio o la ciudad. Por eso, a menudo hablamos de los derechos al hábitat, una denominación afín a las propuestas ecologistas de la ética del cohabitar el planeta.
La historia de los derechos humanos es muy larga, de varios siglos, viniendo de la tradición de los derechos de cada persona. Ahora en el siglo XXI, se manifiestan las dimensiones colectivas de estos derechos; surgen de muchas luchas sociales de resistencia en contra de la era neoliberal y las nuevas formas de colonización, en contra de las tradiciones patriarcales agresivas, en contra de los efectos depredadores del modelo de desarrollo, en pro del bien común, del buen vivir, en pro del resguardo de la naturaleza y su biodiversidad.
Hoy, los derechos humanos representan la construcción lenta de un equilibrio entre diferencias y complementariedades, entre los derechos de unos pocos y de las mayorías, los intereses particulares y los colectivos, las obligaciones privadas y las públicas, el bien individual y el bien común. Visto desde los temas urbanos y territoriales, se trata del equilibrio de aspiración entre ‘mi casa’, ‘nuestro barrio’, ‘nuestra ciudad’ y ‘nuestro planeta’.
El derecho a la vivienda digna expresa el reclamo justo de millones de personas en todo el país, que viven en condiciones difíciles de hacinamiento y precariedad, en las poblaciones y en los conjuntos de vivienda social; que recibieron una vivienda poco digna y en un entorno adverso, violento y desintegrado;1 que luchan por la identidad y arraigo de su barrio;2 que no pueden endeudarse aún más por ‘viviendas a precio demencial’;3 o que optaron por construir su propio hábitat en comunidad, cooperativa, toma o campamento.
Entre las muchas variables del enfoque territorial de los derechos humanos – suelo, agua y aire –, el tema habitacional se centra en el Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, que forma parte de los derechos sociales y ambientales, en equilibrio entre la aspiración individual y la exigencia colectiva.
El derecho a una vivienda adecuada incluye varios atributos: la seguridad de tenencia, reflejada en propiedad individual y colectiva, en arriendo, sesión de uso y comodato; la calidad física y habitabilidad del bien material; la respuesta a las demandas más apremiantes; la localización y el costo de adquisición y de mantenimiento, que desempeñan un rol fundamental; y también la adecuación cultural.4
Las personas, familias y comunidades aspiran a una infraestructura básica y quieren estar cerca de su lugar de trabajo, tener acceso a escuelas, centros de salud y otros servicios y equipamiento de calidad, algo que hoy en día se conoce como “geografía de las oportunidades”, concepto que sugiere la importancia del lugar seguro donde toda persona tiene el derecho a vivir en paz y dignidad; una vez más, la idea de Ciudad.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo en construcción, formulado en Francia de los años 60. Entre las demandas que surgían de los asentamientos precarios y de la migración magrebí, se consolidó en América Latina entre movimientos sociales y prácticas de reforma urbana, y se transformó en la voz de resistencia en contra de todo tipo de desalojo y abuso inmobiliario, también de reivindicación por la vivienda digna en la ciudad justa. Llegó a traducirse en pactos de entendimiento entre reclamos ciudadanos y gobiernos locales. Es un eslogan en boga y se está difundiendo en la agenda global urbana de Naciones Unidas. Es expresión de la utopía, o bandera política de la ciudadanía; es un espacio de negociación entre demandas sociales y prácticas de buena gobernanza local.
El gran desafío del momento constituyente es identificar, negociar y acordar las bases comunes que aparecerán en la Nueva Constitución, a partir de las cuales seguiremos luchando para reformular el marco legal y normativo y repensar las políticas públicas necesarias, para responder a las demandas ciudadanas.
Para pensar el cumplimiento de los derechos al hábitat, para empezar a revertir la segregación y desigualdad de las ciudades, Chile tiene que enfrentar un gran tabú: la consagración del derecho de propiedad del suelo. El respeto de este derecho tradicional debe equilibrarse entre la defensa de los intereses individuales y las exigencias de la convivencia de todas y todos en la ciudad y en el planeta.
La realidad actual del hábitat – la ciudad, el suelo, el agua y el aire – está determinada por la consagración del derecho de la propiedad privada. Este derecho está anclado en nuestra historia y nuestra forma de vida. Dada la inseguridad social reinante y la insostenibilidad del sistema individual de las AFP, el derecho de propiedad adquiere aún más importancia: todas las familias aspiran a poseer un pedazo de suelo donde vivir, dejarlo a las nuevas generaciones, crear una renta, o alguna seguridad social, a través del arriendo de una pieza, un departamento o una casa.
El derecho de propiedad es parte de nuestra sociedad y debe respetarse. Pero no es un derecho fundamental: es un derecho secundario y derivado; cada vez que se aplica, excluye a otras personas y comunidades. Ahora, está dada la oportunidad de abordarlo, revisarlo, debatirlo, no sólo desde el interés individual, sino también desde el bien común y la salvaguardia de la naturaleza.
Para equilibrar lo individual y colectivo, personal y compartido, privado y público, entre mi casa, mi ciudad y mi planeta, como ya lo explicamos más arriba, están las obligaciones de Estado garante de los derechos sociales y ambientales.5
Con la referencia de principios constitucionales en Brasil, Colombia y Ecuador, la nueva Constitución de Chile debe avanzar aún más para que la ciudadanía exija la revisión social y ambiental del derecho de propiedad, del derecho al suelo, para instituir la realidad social de la ciudad en permanente transformación.
Las bases comunes acordadas en este proceso constituyente – en el largo proceso de construcción de la democracia entre la capacidad de la Ciudadanía y la autoridad del Estado – permitirán avanzar poco a poco hacia la idea del siguiente decálogo – sin número, ya que el orden de los factores no altera el producto, en la Ciudad:
- la protección de la naturaleza y su biodiversidad;
- la precisión de la función social del suelo y de sus usos, basados en el bien común;
- el ordenamiento territorial, la recuperación de las plusvalías y el control de la especulación inmobiliaria;
- la mejora integral de barrios, especialmente en la periferia;
- la permanente fiscalización e intervención en el urbanismo y las construcciones;
- la revalorización de uso de los servicios comunitarios, públicos y de calidad, para reconstruir las ciudades en función de la reproducción social y de la redefinición de los cuidados;
- el reconocimiento del protagonismo de la Ciudadanía en la producción y gestión de sus entornos barriales y urbanos, como mecanismo de democracia y transparencia local;
- el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento;
- las políticas habitacionales y de suelo para responder al derecho humano a una vivienda adecuada;
- y el derecho a la ciudad.6
(*) Ana Sugranyes es arquitecta y doctora en urbanismo; defensora del derecho humano a una vivienda adecuada y activista en la lenta construcción del derecho a la ciudad; es parte de la organización Ciudad Común y del Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectes; forma parte del espacio Territorio Constituyente y de la plataforma Ciudad Constituyente
1 Véase “Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social Santiago de Chile”, editado por Rodríguez, Alfredo; Sugranyes, Ana, Ediciones SUR (2005). Está disponible en: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=81.
2 Véase en Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, en https://www.facebook.com/comunidadesdelpatrimoniochileno/
3 Véase en CIPER, “Viviendas a precios demenciales” de Vergara-Perurich, Francisco y Aguirre, Carlos. Está disponible en: https://www.ciperchile.cl/2019/07/12/viviendas-a-precios-demenciales-causas-y-responsables/
4 Véase “Con subsidio, sin derecho. La situación del derecho a una vivienda adecuada en Chile”, compilado por Alfredo Rodríguez, Paula Rodríguez y Ana Sugranyes, de Ediciones SUR (2018). Está disponible en: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=941
5 Véase el libro “Ciudades Posibles. Apuntes para el debate sobre la Nueva Constitución en Chile” de Maricarmen Tapia (Coord.), Crítica Urbana (2020), disponible en: https://criticaurbana.com/ciudades-posibles-apuntes-para-el-debate-sobre-la-nueva-constitucion-de-chile
6 Para más información, ver el sitio de Ciudad Constituyente, en www.ciudadconstituyente.cl
